La iniciativa busca dignificar la labor de estos funcionarios, modernizar su rol y alinear su función con los objetivos de convivencia ciudadana y construcción de paz territorial.

Bogotá, 20 de mayo de 2025 (Prensa Cámara). La Comisión Primera de la Cámara de Representantes inicia el debate del Proyecto de Ley 577 del 2025, Cámara, y 214 del 2023, Senado, que busca cambiar la denominación de "Inspectores de Policía" por "Inspectores de Convivencia y Paz", modificando también sus funciones para fortalecer su papel como promotores de la resolución pacífica de conflictos.

La representante del partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez Giraldo, coordinadora ponente de la iniciativa, destacó que "este proyecto responde a la necesidad de modernizar, fortalecer y dignificar el papel de los inspectores, garantizando su profesionalización, mejorando la prestación del servicio y contribuyendo efectivamente a la convivencia y la paz territorial".

La propuesta legislativa establece tres pilares fundamentales:

• Dignificación de la labor inspectora: Mediante un marco normativo que reconozca su función como promotores de convivencia y agentes de paz.
• Profesionalización integral: Establece mecanismos de formación estandarizados y reconocimiento del tiempo de experiencia, unificando el requisito profesional de ser abogado para ejercer el cargo.
• Optimización del servicio ciudadano: Contempla la implementación de equipos interdisciplinarios en municipios con más de 100.000 habitantes, conformados por técnicos operativos y administrativos que apoyen la gestión de las inspecciones.

El proyecto también busca eliminar desigualdades existentes en los requisitos de acceso al cargo, que actualmente varían según la categoría del municipio. La iniciativa establece que la formación profesional para el desempeño de los cargos de Inspector de Paz y Convivencia de cualquier categoría será únicamente la de abogado, aunque proteja los derechos adquiridos de funcionarios actuales.

Con esta transformación, los inspectores incorporarán explícitamente la función de promover la pedagogía de paz, la resolución pacífica de conflictos y la justicia restaurativa, adaptando su rol a los retos actuales de convivencia y contribuyendo a la construcción de una cultura de paz en Colombia.

La implementación de la ley, una vez aprobada, deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses por parte de las entidades territoriales, sin generar gastos burocráticos adicionales, ya que los equipos se conformarán con cargos existentes en los municipios.

El proyecto continuará su trámite legislativo a la espera de su aprobación definitiva.

Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes