En esta oportunidad los citados fueron la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco y el director del Inpec, Brigadier General Norberto Mujica Jaime, con el fin de informar a la Cámara de Representantes las medidas adoptadas para proteger a la población interna, personal administrativo, del INPEC y la USPEC para evitar el contagio de la COVID-19.

Así mismo, la preocupación general de los representantes en cuanto a la atención sanitaria al interior de los centros penitenciarios y carcelarios, los procedimientos establecidos por las autoridades para contener los múltiples motines y protestas que tuvieron lugar el 21 de marzo de 2020 al interior de diversos centros penitenciarios y carcelarios en varios puntos de la geografía nacional.

Igualmente, en el marco de sus competencias, acerca de las medidas que se hayan adoptado para la solución de la crisis carcelaria provocada por el hacinamiento al interior de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, unidades de reacción inmediata y estaciones de policía que actualmente funcionan como sitios de reclusión.

Un tema de especial atención fue el de la cárcel de Villavivencio, la cual presenta un hacinamiento del 100%, no cuenta con medidas sanitarias, nulo suministro de agua, la necesidad inmediata de reubicación fuera del perímetro urbano y la realización de pruebas para detectar contagiados.

El representante Alejandro Vega Pérez del Partido Liberal le preguntó al Director del Inpec, cuáles fueron los motivos para trasladar reclusos de cárcel en cárcel por varias ciudades del país como fue en Ibagué, Villavicencio y Florencia en el momento tan crítico por el que atraviesa el país a causa de la pandemia y solicitó un tamizaje urgente de las personas privadas de la liberad y saber exactamente la situación, porque por ejemplo en Villavicencio hoy la cifra es alarmante,  hay un total 313 casos positivos para COVID-19, entre reclusos, guardianes y personal administrativo, convirtiéndose en el foco de contagio del departamento porque en total son 363 casos.

De otra parte denunció que desde principios del mes de abril el Gobierno anunció que el INPEC, instalaría en Villavicencio unas carpas medicalizadas para atender la emergencia del centro de reclusión y hasta la presente tan solo han entregado 1700 tapabocas  como medida de contención. Así mismo, se conoció que se celebró  un contrato que lo ejecutaría la USPED cuya vigencia sería hasta el 30 de abril y siendo hoy esa fecha no le dieron cumplimiento, lo que significa que ya hay aun incumplimiento contractual. 

En el mismo sentido, el representante Harry González, liberal y citante al debate de control político señaló que a este debate lo han denominado “la embarrada ya está hecha por  el Inpec y no es una embardada son varias” aseveró el congresista. 

El Inpec ha actuado irresponsablemente, pese a que ellos habían expedido una circular mediante la cual prohibían los traslados de personas privadas de la libertad,  la misma institución autorizó el traslado de un recluso de la cárcel de Villavicencio a la cárcel Las Heliconias de Florencia, sin tener en cuenta los protocolos dados por el Instituto Nacional de salud. 

Igualmente, señaló que hay cuatro casos de COVID-19 en este centro penitenciario y esto se dio después del traslado del recluso, porque él ya estaba con los síntomas y no le hicieron las pruebas urgentes y hasta un mes después las realizaron y salió positivo, lo cual lo convierte es un foco de contagio para las 1518   personas que hay en ese centro entre reclusos, vigilancia y empleados administrativos. El departamento tiene dos cárceles en las que hay un total aproximado de  2200 reclusos.

El polémico decreto como medida de prevención de contagio para los presos más vulnerables de las cárceles del país también fue tema de discusión. Según los representantes, de las más de 16 mil solicitudes que se han presentado requiriendo este beneficio sólo se han resuelto 106, la medida no resuelve el problema de hacinamiento en el país, el decreto debe aplicarse de manera inmediata, además que las medidas tomadas en el decreto no son certeras en cuanto a que las entidades tengan la capacidad de hacerlas cumplir.

En su intervención la ministra Cabello, mencionó los siete decretos con los que se ha pensado en la solución de los problemas ocasionados por el coronavirus; el Decreto 546 de 2020, solo es una de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, no se trata de una fórmula para acabar con un problema estructural como el hacinamiento; estamos listos para iniciar la construcción del centro penitenciario de Pereira con 1.500 cupos nuevos más y vamos a entregar Girón e Itagüí, que suman otros 1.300 cupos adicionales.

Por su parte el director del Inpec, indicó que a partir del 12 de marzo se suspendieron las visitas de toda índole, hoy el 97% de los centros carcelarios están libres de coronavirus, de los 132 centros penitenciarios en sólo 5 se han detectado contagios; hay un esfuerzo grande de los más de 14 mil funcionarios del Inpec y un Cuerpo de Custodia que pone frente para salir adelante a esta crisis y nadie lo ha reconocido; la situación vivida en Villavicencio nos enseñó a manejar la situación, hemos aprendido y ajustado las medidas y controles para evitar otras situaciones; “Estamos buscando junto con el Uspec y el Ministerio de Justicia realizar esfuerzos para cumplir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud”, agregó.

Finalmente los dos funcionarios coincidieron en que para sacar al país adelante es necesario trabajar entre todos.

Fuente: Oficina de Información y  Prensa Cámara de Representantes