Fuente: Oficina de Imformación y Prensa Cámara de Representantes. 

La iniciativa, plasmada en el Acuerdo de Paz, tiene como objetivo otorgar estas curules a líderes sociales, campesinos y víctimas de la violencia, lo que ha generado temor entre algunos congresistas que aseguran que esas sillas, todas en la Cámara de Representantes, van a ser para afiliados de las Farc.

“Esto es una gran mentira, menos del 34 por ciento de las víctimas no están en estas zonas, hay  aumento de cultivos de coca, presencia de disidencias de Farc, bandas criminales y minería criminal…  todo esto genera un caldo de cultivo perfecto para que sean las Farc  las que terminen adquiriendo estas curules”, dijo Santiago Valencia.

El proyecto, de origen gubernamental, recoge 167 municipios de departamentos como Guajira, Putumayo, Magdalena, Cesar y Antioquia, entre otros.  Allí, líderes y representantes de organizaciones sociales, que estén reconocidos como víctimas, podrán aspirar a esos puestos.

Para varios parlamentarios el riesgo radica en que los aspirantes en esas zonas sean fichas políticas de las desmovilizadas Farc, de narcotraficantes o de bandas criminales.

Sobre esa hipótesis es que la  bancada del Centro Democrático basó su oposición al Gobierno y, en general, al acuerdo pactado en Cuba.  

“Esto es una farsa”, dijo Álvaro Hernán Prada, quien sorprendió a la plenaria con dos figuras de cartón de ‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’.

El proyecto de acto legislativo también contempla que los aspirantes a estos escaños deben ser residentes en la región y representativos del sector rural y solo pueden ser inscritos por organizaciones sociales, de campesinos, de ciudadanos o de víctimas. Estos territorios especiales de paz, de ser aprobados,  entrarían a regir a partir del 2018 y se prolongarían hasta el 2026.

Para Argenis Velásquez, liberal del Putumayo, “la paz merece una oportunidad” y el Estado debe garantizar que esas 16 sillas sean para las verdaderas víctimas de la violencia.  El conservador Luis Horacio Gallón, por su parte, propuso que quienes aspiren a estas curules deben haber estado inscritas en las estadísticas de víctimas “con cinco años de anticipación y no con uno ni dos años”.

Entre tanto, representantes como Orlando Guerra, del Putumayo, y Pablo Alba, de Guainía, alegaron porque de sus departamentos fueron excluidos varios municipios que padecieron las inclemencias de la guerra. En el mismo sentido lo  hicieron los congresistas Alfredo de Luque, de la Guajira, y Eduardo Díaz Granados, del Magdalena,  ambos de La U. Sus propuestas de incluir nuevos municipios en estos territorios especiales de paz  fueron hundidas.

“Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos. Las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales”, reza en el articulado de la iniciativa.

Así mismo se “desarrollarán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del electorado”.

La discusión del proyecto, que se prolongó por más de siete horas, poco a poco fue diezmando la presencia de representantes lo que obligó a proseguir el debate este miércoles. Los parlamentarios llamaron la atención del Gobierno y exigieron la presencia del ministro del postconflicto,  Rafael Pardo.

Para el presidente de la corporación, Rodrigo Lara, se avanzó en la discusión del proyecto y reiteró que la consigna es trabajar ante la premura del Fast Track.