La iniciativa busca modificar la Ley 2009 de 2019 para ampliar la protección de los usuarios financieros frente a cobros indebidos por servicios básicos de cuentas de ahorro, tarjetas débito y crédito. Establece que las entidades financieras deberán garantizar mensualmente un paquete mínimo de servicios sin costo adicional, prohíbe el cobro por consignaciones en cualquier oficina del país y refuerza derechos de los consumidores financieros. Su propósito es garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios financieros básicos sin incurrir en cobros injustificados, fortaleciendo la inclusión financiera, la transparencia en las tarifas bancarias y la protección al consumidor financiero.