La iniciativa propone medidas de protección para las víctimas, acelera la preservación de evidencia financiera y refuerza los controles sobre las comunicaciones utilizadas para extorsionar desde las cárceles.

Bogotá, 14 de septiembre de 2026 (Prensa Cámara). El representante a la Cámara por el Meta, Milton Carreño, radicó un proyecto de ley que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a la extorsión, con especial atención a las víctimas de las zonas rurales y a los integrantes de las juntas de acción comunal.

La iniciativa establece que bancos, billeteras digitales, empresas de giros y cooperativas deberán preservar, en un plazo máximo de dos horas, los registros relacionados con pagos extorsivos. La medida no congela ni inmoviliza el dinero: busca evitar que se pierda información clave mientras la Fiscalía obtiene las órdenes judiciales correspondientes.

El proyecto también dispone que las entidades financieras y las empresas de telecomunicaciones deberán entregar la información solicitada por las autoridades dentro de las 24 horas siguientes, una vez se cumplan los requisitos legales.

Para las víctimas, la propuesta contempla atención psicológica y psiquiátrica, continuidad en los servicios de salud, medidas educativas y la suspensión de determinados plazos tributarios. La Fiscalía tendrá un máximo de diez días hábiles para certificar cada caso y se habilitará un canal reservado de atención a través de los grupos GAULA.

La iniciativa también busca enfrentar las extorsiones realizadas desde establecimientos penitenciarios. Para ello, plantea bloquear los equipos y las líneas identificados por el INPEC, eliminar los puntos de conexión eléctrica que facilitan la carga de celulares no autorizados en las cárceles de mayor riesgo y fortalecer la verificación de identidad para activar líneas prepago.

“Denunciar una extorsión no puede significar que la víctima quede sola frente al criminal. Tenemos que proteger a las personas y actuar antes de que desaparezcan el dinero, las llamadas y las pruebas”, afirmó Carreño.

Según las cifras incluidas en la exposición de motivos, los casos registrados de extorsión en el Meta pasaron de 366 en 2021 a 819 en 2024, un aumento del 124 %.

El proyecto iniciará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Fuente: Jennifer García / Comunicaciones representante Milton Carreño