La presente ley rige en todo el territorio nacional y promueve el respeto y garantía a los padres de familia para educar a sus hijos conforme a sus convicciones, creencias, principios y valores sin discriminación o perjuicio alguno. El Estado promoverá este derecho en todas las entidades del orden nacional y se abstendrá de interferir en la esfera familiar y privada de educación de los padres de familia conforme a los artículos 18 y 19 de la Constitución Política y no obligará a mudarla u ocultarla en escenarios públicos o establecimientos de desarrollo y formación de los hijos.