El presente proyecto de ley se enmarca precisamente en la necesidad de corregir estos desequilibrios, fortaleciendo las competencias de los concejos municipales y distritales para formular observaciones, recomendaciones y ajustes razonados sobre las metas, indicadores de resultado y distribución programática de los recursos del plan de desarrollo y del presupuesto, cuando dichas observaciones se sustenten en insumos de participación ciudadana y en ejercicios de control político.