La presente ley tiene por objeto adoptar una respuesta integral frente al delito de extorsión: garantizar los derechos de sus víctimas, en especial de quienes lo padecen en el ámbito rural y de los dignatarios y afiliados de las Juntas de Acción Comunal en su condición de líderes comunitarios, asegurando su protección y la de quien denuncia; hacer efectivo el deber de suministro y preservación de información útil en las investigaciones por los delitos de secuestro y extorsión, incluida la relativa a los recursos que circulan por razón de este delito; fortalecer el control estatal sobre las comunicaciones no autorizadas utilizadas para extorsionar desde establecimientos penitenciarios y carcelarios y el régimen disciplinario aplicable; y adoptar medidas de control en la activación de líneas de telefonía móvil, todo ello mediante la adición y modificación de la Ley 986 de 2005, de la Ley 282 de 1996 y de la Ley 65 de 1993, y estableciendo el régimen sancionatorio correspondiente.