Fuente: Oficina de Prensa  Representante Martha Villalba   

*Reducción del presupuesto para el sector de Minas y Energías y situación laboral de los trabajadores y pensionados de Electricaribe, entre las preocupaciones de la Congresista.

*Anunció nuevo debate con la Contraloría, el presidente de Electricaribe y el agente especial de la intervención de esa compañía, por los hallazgos encontrados en cuanto al desvío de los recursos del FOES.

La petición para que exista transparencia y hayan garantías en la elección de un nuevo operador de energía para el Caribe colombiano la hizo la congresista al concluir el debate de Control Político que citó sobre la intervención con fines liquidatarios de la Empresa Electricaribe.

En la sesión, que duró más de tres horas y contó con la asistencia del Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza; la Viceministra de Minas y Energía, Rutty Ortiz y el Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Germán Castro, Villalba destacó que “se deben dar todas las garantías en esa elección y que la valoración de ofertas sea la más equitativa posible”.

Así mismo, explicó que no fue uno, sino muchos los debates que se hicieron desde y fuera del legislativo para abordar la crisis energética del Caribe, que en la actualidad afecta a 2.5 millones de usuarios en los siete departamentos donde esa compañía presta el servicio de energía.

“El tema de Electricaribe ha sido para nosotros de gran responsabilidad. Así lo hemos demostrado en cada uno de nuestros debates, en cada una de nuestras sesiones descentralizadas, principalmente la que realizamos con esta comisión el 31 de agosto del  año pasado, ya casi un año, en la ciudad de Barranquilla y que sirvió de preámbulo para que el Gobierno Nacional, así como la Superintendencia de Servicios Públicos, tomaran medidas contundentes ante la compleja situación de la entidad que, en aquel entonces, tenía a la región en alerta  ante un riesgo de apagón”, dijo Villalba.

Señaló que: “Ese fue un debate decisivo en la Capital del Atlántico en aras de buscar soluciones y se le reiteró a la Superservicios que desde el legislativo le habíamos dado los dientes, las herramientas para que actuaran y tomaran la mejor decisión. Así como fuimos responsables en apoyar la intervención con fines liquidatorios de esta empresa, también somos responsables de velar por lo que ocurre actualmente dentro de la misma y cómo salvaguardarán, de ahora en adelante, la prestación de este servicio de gran importancia para nuestro desarrollo”.

Villalba, reiteró que Electricaribe se encontraba en un estado de inviabilidad financiera lo que la hacía incapaz de invertir en sus redes y en su infraestructura para garantizar la debida prestación del servicio. “No obstantes somos conscientes de que con la intervención y, posterior liquidación, el proceso no sería ni fácil, ni rápido, razones por las que pedimos un informe detallado a las entidades que hoy nos acompañaron”.

La legisladora lanzó una alerta debido a que la reducción del presupuesto para el sector de Minas y Energía, vigencia 2018, fue de 40.58%, lo que perjudica el tema de inversiones y de subsidios en la región y el departamento. Además, anunció nuevo debate con la Contraloría, el presidente de Electricaribe y el agente especial de la intervención de esa compañía, por los hallazgos encontrados en cuanto al desvío de los recursos del Fondo de Energía Social (FOES). “Es importante y necesario que el ministerio, en el tema de los subsidios de energía para los estratos 1 y 2, que son los más bajos, trabaje para que exista una Política Pública”.

Finalmente, manifestó que quedan atentos a los estudios que hace la Financiera de Desarrollo (FND) para buscar una salida rápida al problema de la energía. También pidió que se respeten, se le garanticen los derechos y no se le dé la espalda a los trabajadores y pensionados de Electricaribe.

Cien horas de interrupciones al año: Superservicios

Al iniciar su intervención, el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, explicó que son alrededor de 100 horas de interrupciones -al año- las que padece la costa con el servicio de energía, más del doble del promedio nacional.

Señaló además que al intervenir la entidad se desvirtuó el tema de la cultura del no pago en la región, toda vez que el 97.9% de lo que se factura es recaudado. “El recaudo está estable, ha mostrado una leve mejoría, el mes de mayo hubo un repunte en el recaudo y, durante los meses de junio y julio hemos estado por encima del 84%, lo cual es mejor que lo que venía ocurriendo en los meses anteriores a la intervención”.

Con respecto a la intervención de la compañía, Mendoza señaló que han venido ciñéndose a la ley y cumpliendo una serie de protocolos.

“Hemos lanzado ocho visitas, hemos tenido 18 reuniones de seguimiento, pero encima de esos protocolos habituales de intervención hemos introducido cuatro medidas fundamentales que van mucho más allá. Le pedimos informes mensuales al agente especial. Son informes que hemos confeccionado una lista de requisitos que debe cumplir. El informe se debe presentar religiosamente la primera semana de cada mes y tiene una lista de 15 indicadores específicos como: recaudos, compra de energía, ingresos, gastos, pagos de obligaciones laborales, pagos de mesadas pensionales, para hacer un seguimiento milimétrico del curso de la intervención. Estos informes se publican en la Página de la Superintendencia de Servicios Públicos”.

Y continuó: “Además de esto, le hemos pedido a dos, de las cuatro principales firmas de auditoría globales, que auditen la gestión que está cumpliendo el agente especial. Cada dos meses la firma PricewaterhouseCoopers y Deloitte nos están presentando unos análisis acerca de la gestión del agente especial, esto va más allá de lo que históricamente ha hecho la superintendencia. Los informes que nos llegan bimensualmente dan cuenta del curso normal de la intervención. Los autores no han encontrado ningún reparo, ni ninguna circunstancia que pudiera entorpecer la intervención o reducir el valor de los activos de la compañía”.

Además, “hemos pedido el acompañamiento de todas las entidades de control existentes en Colombia. Le hemos pedido a la Contraloría que haga una auditoría en tiempo real, a la Procuraduría que lleve a cabo una supervisión especial del proceso, a la Defensoría del Pueblo que nos acompañe. Nos hemos reunido en diferentes oportunidades con estas entidades, nos interesa que haya un control absoluto sobre todo lo que ocurre en la intervención, entre más ojos tengamos encima, mejor”.

Con respecto a la demanda que enfrenta el país, Mendoza señaló que: “Hemos trabajado de cerca con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que ellos cuenten con suficientes elementos de juicio para defender los intereses de la Nación ante la demanda que ya lleva su curso. Hay unos comités periódicos en los que nos sentamos a revisar el estado de la demanda, los argumentos de la defensa que se van a presentar”.

En cuanto al servicio de energía, manifestó que: “Los índices de la prestación del servicio no han mejorado y la razón es que durante cinco años no se hicieron las inversiones que requiere la red de distribución, así tuviéramos toda la plata para mejorar la red el servicio no mejoraría de la noche a la mañana”.

Con relación a la situación laboral de los empleados y pensionados de Electricaribe expresó que: “Se ha venido trabajando de cerca con las directivas sindicales de Sintraelecol, con los pensionados, con el Ministerio de Trabajo, para llegar a unos acuerdos para proteger a ultranza los derechos de trabajadores y pensionados”.

Focalización de subsidios

Rutty Ortiz, Viceministra de Minas y Energía, explicó que a través del Sisbén buscan una nueva focalización de los subsidios para favorecer a los más necesitados y pidió acompañamiento en la defensa del presupuesto -vigencia 2018- para la cartera de Minas y Energías, toda vez que existe una alta reducción del mismo.

Pedimos continuidad laboral: Sintraelecol

El Sindicato de Electricaribe, a través de su vocero, Pablo Emilio Santos, expresó que tienen más de 1500 trabajadores directos y más de 7 mil trabajadores tercerizados. Reiteró que no están exigiendo ningún tipo de indemnización sino continuidad laborar.

“No queremos planes de retiro voluntario, no queremos pensiones anticipadas, queremos seguir laborando en la empresa como de manera responsable lo hemos venido haciendo a pesar del mal manejo que venía dándole el propietario a la empresa, asumiendo la carga de enfrentar a la comunidad, a riesgo, en algunos casos, de la integridad física de algunos compañeros”.

Expresó que han venido planteando que sea una empresa pública la que preste el servicio de energía en la Región Caribe y piden “que el agente interventor elimine unos elementos nocivos para la prestación del servicio en la costa y es el tema de la tercerización. lo esencial hoy está tercerizado”.

Para mayor información: Ketty Quiroz Tromp Jefe de Comunicaciones

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