• Con la reciente decisión del Presidente Gustavo Petro de frenar proyectos mineros en el suroeste antioqueño, su gobierno ha abierto la puerta para escuchar a la ciudadanía y garantizar escenarios de participación que contempla el proyecto de #LeyDeDemocraciaAmbiental.

• Con la realización de cabildos abiertos y audiencias públicas en todo el país, se busca garantizar la democracia ambiental y el derecho a la participación, a la información y a la decisión de las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

• El proyecto de ley de Democracia Ambiental fue construido por 107 organizaciones de la sociedad civil integrantes del Movimiento Nacional Ambiental, con el apoyo jurídico del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA.

• Este proyecto de Ley aborda aspectos de la implementación del Acuerdo de Escazú y está alineado con el capítulo de Justicia ambiental y gobernanza inclusiva, de las bases del Plan Nacional de Desarrollo.

El próximo miércoles 1 de febrero, se llevará a cabo, en el Auditorio de la Junta de Acción Comunal del Barrio Camilo Torres, del municipio de Nobsa, en Boyacá, la primera Audiencia pública Nacional sobre el Proyecto de Ley de Democracia Ambiental, que cursa en el Congreso de la República y que busca garantizar el derecho a la participación ciudadana en los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en todo el país.

La Audiencia Pública que empezará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta el mediodía, es convocada por los Representantes a la Cámara de la Comisión Primera Constitucional Permanente, donde inicia el debate del proyecto de Ley, Pedro Suárez Vacca y el Juan Carlos Losada.

El proyecto de ley, iniciativa del Representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Carlos Losada, responde a una sentencia de la Corte Constitucional que, en el 2018, advierte que no hay garantías para el pleno ejercicio del derecho a la participación de las personas en el contexto extractivo, e insta al Congreso de la República para que desarrolle uno o más mecanismos de participación que le permitan a las comunidades incidir en la toma de decisiones.

Para el Congresista, con la reciente decisión del Presidente Gustavo Petro de frenar proyectos mineros en el suroeste antioqueño, su gobierno ha abierto la puerta para escuchar a la ciudadanía y garantizar escenarios de participación que contempla nuestro proyecto de #LeyDeDemocraciaAmbiental, por ello “invitamos al Presidente Petro y a su Gobierno, a que apoye y se sume, para así garantizar que la gente pueda participar y decidir respecto del extractivismo en su territorio sin que ello dependa de la voluntad del gobierno de turno”.

En el mismo sentido, el Representante a la Cámara por Boyacá, Pedro Suárez Vacca, y uno de los 19 congresistas de la Comisión primera que acompaña el Proyecto de Ley, indicó que, con la aplicación de esta iniciativa, “Las propias comunidades en los territorios, tendrán la oportunidad de decidir, de acuerdo a los impactos ambientales, sociales, territoriales y culturales generados por el proyecto extractivo, si les es conveniente o no, y si existen o son viables, las medidas tomadas para su mitigación, compensación y reparación”.

Es de destacar que el Proyecto de Ley de Democracia Ambiental, fue elaborado y consensuado por 107 organizaciones de la Sociedad civil, que hacen parte del Movimiento Nacional Ambiental, con el apoyo jurídico del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA y el equipo legislativo del Representante Juan Carlos Losada.

Para Robinson Mejía del Movimiento Nacional Ambiental “la iniciativa legislativa surge desde las necesidades de los territorios que no tienen agua potable, carreteras y escuelas, pero que sí tienen títulos mineros y bloques petroleros impuestos sin ninguna participación de las comunidades”.

Sara Sofía Moreno de SIEMBRA indicó que “el proyecto de ley se deriva del exhorto que hizo la Corte Constitucional al Congreso de la República para definir mecanismos de participación ciudadana. Llegó la hora de establecer estructuras legales que generen cambios en la normativa y que atiendan el vacío en materia de participación”.

Fuente: Oficina de Comunicaciones Representante Pedro Suárez Vacca