Invítese al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo, al Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y a los Presidentes y/o Interventores de las Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo y subsidiado para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, informen sobre las actuaciones adelantadas respecto de la garantía del derecho fundamental a la salud mental, la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 347 de 2026, la protección de las personas con conducta suicida y el seguimiento a los recursos públicos destinados a su implementación.