La iniciativa crea un proceso judicial rápido, similar a la tutela, para proteger a niños, niñas y adolescentes frente al incumplimiento grave o reiterado de los deudores alimentarios.

Bogotá D, 25 de agosto de 2026 (Prensa Cámara). Ante una crisis que obliga a las familias a esperar más de 500 días para resolver un proceso de alimentos y deja deudas promedio de 22 millones de pesos por demandado, las representantes a la Cámara Delcy Isaza y Cathy Juvinao, junto con los congresistas Santiago Barreto y Heráclito Landínez, radicaron un proyecto de ley que busca garantizar una respuesta judicial rápida y efectiva frente al incumplimiento de las cuotas alimentarias.

La iniciativa retoma el proyecto presentado durante el periodo legislativo anterior por la exsenadora Angélica Lozano y propone la creación del Proceso Único Especial de Amparo Alimentario, un mecanismo similar a la acción de tutela que permitirá exigir el pago cuando el deudor acumule sin pagar tres cuotas mensuales consecutivas o seis cuotas incumplidas de manera discontinua.

Una vez presentada la demanda, el juez tendrá 48 horas para decidir si la admite. Las partes contarán con un plazo máximo de cinco días para presentar y revisar las pruebas, y el juez tendrá otros cinco días hábiles para tomar una decisión. Si ordena el pago, el deudor deberá cumplir de inmediato; de lo contrario, podrá enfrentar sanciones por desacato y el dinero podrá ser descontado directamente de su salario.

Desde el inicio del proceso, el juez también podrá ordenar embargos y consultar un nuevo sistema de información para conocer la verdadera capacidad económica del deudor. Así se busca evitar que oculte sus bienes o ingresos y continúe evadiendo su obligación alimentaria.

La representante Delcy Isaza, quien lidera la presentación de la iniciativa en esta nueva legislatura, señaló que "el proyecto responde a una realidad que golpea especialmente a las mujeres y a los hogares monoparentales. Actualmente, ellas promueven el 92 % de los procesos por inasistencia alimentaria, frente al 8 % iniciado por hombres, lo que evidencia una profunda brecha de género y una forma persistente de violencia económica".

Por su parte, la representante Cathy Juvinao destacó que el propósito es poner fin a los procesos interminables que obligan a las madres a reclamar durante meses o años los recursos indispensables para sostener a sus hijos: “Para una mujer es una tortura no recibir lo que el padre tiene la obligación de pagar. Este proyecto dará herramientas a cualquier persona, mujer u hombre cuidador, para exigir el cumplimiento de la cuota y proteger a los niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

Con su radicación, el proyecto inicia nuevamente su trámite en el Congreso con la expectativa de alcanzar un respaldo multipartidista y convertirse en una respuesta efectiva frente al abandono económico que padecen miles de familias colombianas.

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