El proyecto de Ley tiene como objetivo principal dignificar el empleo público y la prestación del servicio para el contratista persona natural, a través del reconocimiento del derecho a un incremento anual y proporcional del valor del contrato de prestación del servicio conforme a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE reajustado anualmente, cuando se haya hecho uso de la prórroga automática del contrato. El ajuste en el valor del contrato tendrá en cuenta criterios de costo de vida, valores actuales y el contexto de una economía inflacionaria.