La Comisión Segunda de la Honorable Cámara de Representantes realizó, el debate de control político: sobre la lucha contra las drogas en el Departamento del Putumayo; veeduría inducida por el H.R. Carlos Ardila Espinosa y H.R. Astrid Sánchez Montes de Oca que contó con la presencia del Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, doctor Emilio José Archila Peñalosa y el Ministro de Defensa, doctor Diego Molano, igualmente el Gobernador del Departamento del Putumayo y las fuerzas militares.

Entrando en contexto, Putumayo se encuentra interconectado con el resto del país a través de la red nacional de carreteras en la zona del piedemonte amazónico, entre las cabeceras municipales desde el municipio de San Miguel hasta el municipio de Santiago, teniendo acceso con el interior del país; asimismo, existe una interconexión con Nariño a través de corredor entre Tumaco – Pasto – Belén Do Pará Brasil, que hace parte de la integración regional suramericana lo que le permite ser una vertiente de desarrollo del país.

En los últimos años, el debate hemisférico sobre las políticas de drogas en este territorio, se ha hecho mucho más activo e intenso. Por lo anterior, se plantea desde la comisión segunda un “enfoque integrado y balanceado para la elaboración de políticas de drogas, que enfatice en la reducción de la oferta y la demanda”. Además, establece que es necesario, como mandato de las naciones pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, considerar planes enfocados en mejorar condiciones específicas, tales como: i) infraestructura y adecuación de tierras, en las que se contemplan aspectos como vías terciarias, riego y drenaje, electrificación y conectividad; ii) desarrollo social, en donde se contemplan aspectos como salud, educación, vivienda y agua potable y saneamiento básico; iii) estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, en donde se contemplan aspectos como asistencia técnica, crédito, subsidios, generación de ingresos, mercadeo, asociatividad y formalización laboral; y por último iv) un sistema de garantía progresiva de derecho a la alimentación.

Según diagnósticos presentados por el representante a la Cámara, Carlos Adolfo Ardila se ha establecido que los grupos ilegales mantienen varias rutas destinadas al tráfico de drogas. Un primer corredor es el que se ubica a lo largo de la zona de frontera con el Ecuador, sobre los ríos Putumayo y San Miguel, donde se realizan operaciones de tráfico por medio de trochas ubicadas en franjas donde no existe presencia de la fuerza pública. Este camino es usado en doble vía, ya que desde el Ecuador se envían precursores químicos indispensables para la producción de la cocaína.

Igualmente, el ministro de Defensa, doctor Diego Molano ubica una ruta del narcotráfico, que tiene como finalidad llevar pasta base de cocaína desde el municipio de Sibundoy, pasando por la ciudad de Pasto y el corregimiento de La Victoria hasta Ecuador, donde se convierte en clorhidrato de cocaína. Adicionalmente, se tiene identificado el paso de marihuana proveniente del Cauca para trasladarla hacia el Amazonas y el Ecuador. En cuanto al tráfico de sustancias y productos químicos esenciales para la producción de cocaína, se tiene identificado un método para el desvío de sustancias. Los precursores químicos viajan con la reglamentación requerida desde el interior del país hasta el municipio de Villa Garzón, y allí desvían las sustancias hacia el bajo Putumayo, donde se tienen identificados laboratorios de cocaína. Igualmente, en las zonas de frontera con el Ecuador existen laboratorios donde se está empezando a elaborar rústicamente permanganato de potasio.

Desde Puerto Leguízamo hasta Mocoa, los campesinos han cumplido su promesa de erradicar 8.686 hectáreas de coca voluntariamente. A pesar de estos avances, hay preocupación por el incumplimiento del Gobierno, la reactivación del narcotráfico y la presencia de las disidencias de las Farc. Las comunidades viven entre las amenazas de estos grupos armados para que no erradiquen los cultivos de coca y cumplir con el acuerdo departamental en el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Aun así, Putumayo es el departamento que más hectáreas de cultivos de coca ha erradicado en 2020, le sigue Antioquia, con 3.431 hectáreas. Sin embargo, hay municipios donde ya se van a acabar los pagos y no ha aparecido la asistencia técnica, el compromiso del PNIS para que las familias tengan un sustento económico con otros cultivos.

Por lo pronto, las comunidades piden que se continúe con el programa de sustitución, que llegue ya la asistencia técnica para contrarrestar la resiembra de coca y que haya titulación de tierras, construcción de vías, redes eléctricas y mejor conectividad, incluso, para mejorar la seguridad en esta región. A final de cuentas, que aumente la presencia del Estado no solo con militarización, en vez del terror de las disidencias.

Reconocimiento a las fuerzas militares:

Finalmente, La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes reconoce la labor del Ejército Nacional por su lucha en la Reducción de los cultivos ilícitos en el Departamento.  Por otro lado, se resalta un logro importante de las fuerzas del orden colombianas por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través de su Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por los Cultivos Ilícitos, que reporta una reducción del 11 por ciento en el área sembrada con coca en Colombia en 2020. indica el informe. Según datos proporcionados por el Ministerio de Defensa de Colombia, las incautaciones de coca en el país han aumentado entre el 2019 y 2020. Entre el 1.º de enero y el 31 de mayo de 2020, las incautaciones de cocaína aumentaron un 14 por ciento comparado con el mismo periodo en 2019, pasando de 167,6 a 190,4 toneladas. Las incautaciones de pasta base de coca aumentaron de 28,2 a 29,9 toneladas, mientras los decomisos de hoja de coca pasaron de 216,8 a 281,8 toneladas, indica el ministerio.

Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes