Las Comisiones Primeras Constitucionales de Senado y Cámara de Representantes en sesión de la fecha, estudiaron y debatieron el Proyecto de Ley No. 423 de 2021 Senado – 595 de 2021 Cámara, encaminado a modificar el ente de juzgamiento administrativo de la Nación: la Procuraduría General. La iniciativa con ponencia positiva a cargo del senador cordobés del partido Liberal Fabio Amín Saleme, fue objeto de debate por las proposiciones de archivo que realizaron los representantes Ángela María Robledo e Inti Asprilla Reyes, congresistas verdes por Bogotá.

Esta empresa legislativa que buscar reforzar los poderes de juzgamiento de la procuraduría y aumentar el pie de fuerza de la Institución responde a un mandato otorgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la denuncia del otrora alcalde de Bogotá Gustavo Francisco Petro Urrego contra Colombia, tras ser inhabilitado y apartado de su cargo, por la entonces cabeza de la Procuraduría. La Corte dejó claro que solo autoridad penal tenía la facultad de remover y poner a un ciudadano elegido democráticamente, por fuera de su cargo.

La representante Ángela María Robledo se mostró en contra del proyecto argumentando que: “Desde que estoy en el Congreso, cuando se tramita un proyecto para reformar la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría, siempre hay una especie de mico que le da facultades al presidente para que amplíe la planta de personal”. Respondiendo al por qué de su posición en contra, manifestó: “Porque no responde al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es inconstitucional, por la naturaleza del proyecto y por la inconveniencia de ampliar la planta en períodos preelectorales y en momentos de crisis”.

Muchos de los reparos de varios de los intervinientes, miembros de la Cámara Alta, apuntaban a que una misma institución no podía ser fiscal y al mismo tiempo juez de la conducta de funcionarios públicos.

Por su parte, el representante verde por Bogotá Inty Asprilla Reyes cuestionó a la procuradora General de la Nación Margarita María Cabello, por haber abierto una investigación contra el senador del Polo Democrático Alternativo Alexander López Maya, debido a sus actuaciones en medio del paro en defensa de los derechos humanos.

A renglón seguido, Asprilla argumentó: “Lo que está a punto de consumarse en este Congreso es que diciendo cumplir un fallo, precisamente hacen todo lo contrario”. El congresista verde daba a entender que, siguiendo a la CIDH, una decisión de destitución debería ser proferida por autoridad penal.

Gabriel Santos García, representante del Centro Democrático por Bogotá señaló que: “Esto no puede ser una transferencia de competencias casi horizontal, donde nosotros declaremos que ahora existen facultades jurisprudenciales para la Procuraduría”. Y añadió que: “Aquí vamos hacia otro lado de lo que hicimos con la Contraloría”. Santos refiriéndose al aumento en la planta de personal de la entidad y el consecuente aumento del presupuesto, que éste implica enfáticamente, dijo: “Hoy en día quienes hemos sido electos tenemos la obligación de hacer más con menos y este proyecto entregándole carta blanca a la Procuraduría para que aumente la planta, va en sentido contrario”.

La iniciativa, continuará su trámite en el próximo encuentro de las comisiones primeras conjuntas, el miércoles 2 de junio de 2021.  

Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes