
Colombia avanza en la protección de los derechos laborales: La ratificación de un convenio internacional para frenar la violencia y el acoso en los espacios de trabajo.
Bogotá, 14 de mayo de 2025 (Prensa Cámara). El Convenio 190 de la OIT sometido a ratificación, fue previamente objeto de consultas entre representantes del Gobierno Nacional, de los empleadores y de los trabajadores. Este convenio se busca reconocer el derecho de toda persona a un entorno laboral libre de violencia y acoso, incluidos aquellos basados en género; porque nadie debería escoger entre el derecho a trabajar, su salud mental y libertad sexual.
Durante la discusión la coordinadora ponente, Mary Anne Andrea Perdomo, enfatizó en que la norma obliga al estado colombiano a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia en el trabajo, tanto en el sector público como privado.
Por su parte la Representante Mary Anne Andrea Perdomo, defendió la iniciativa afirmando que esta propuesta facilitará más los procesos actuales para que empelados de empresa pública y privadas no vivan atropellos de ninguna índole, durante sus jornadas de trabajo.
El convenio fue firmado por Colombia en el 2019 y reconoce la voluntad de país para luchar en contra de cualquier tipo de violencia en los espacios laborales. para los representantes es importante que no se quede en letra muerta. No obstante, durante la discusión se presentaron diferencias al no haber claridad frente a los beneficios y mecanismos que se ambicionan con el convenio.
El representante Juan Fernando Espinal Ramírez, dijo durante su intervención: “El sustento de este convenio es más de fondo y hay que analizar los costos inherentes” al final ejemplificó su intervención reflexionando sobre qué ha pasado con el caso fallido de Escasur, que para su criterio, hoy se discutía circunstancias muy similares.
A la iniciativa solo le quede el debate en la plenaria de la cámara, para que Colombia se sume a los más de 30 países que ya han adoptado este tratado, un avanza no solo jurídico, sino un compromiso político y social con la dignidad en el trabajo.
Fuente: Erika Fletscher Vargas - Periodista Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes.