Fuente: Oficina de Información y Prensa.

Bogotá, D.C., junio 2018. La Comisión de Asuntos constitucionales aprobó la iniciativa, en primer debate, cuyo texto incluye más de 100 artículos y obliga a los congresistas a publicar sus declaraciones de renta, impulsa la extinción de dominio express, aumenta la pena por cohecho cuando su valor supera los 100 salarios mínimos mensuales vigentes y prohíbe la contratación directa, entre otros temas.

La propuesta también dispone tipificar como delito autónomo la manipulación del reparto judicial; impone privación de la libertad por violación a la reserva judicial e impone cárcel para quienes porten dinero en efectivo en los montos fijados por la autoridad electoral durante las elecciones y tres días anteriores a los comicios.

El nuevo régimen de normas para atacar la corrupción en todo el territorio nacional, igual aumenta las penas cuando se defrauda o se atenta contra el sistema judicial; tipifica la violación de topes de aportes de particulares en los procesos electorales y judicializa a los ciudadanos que conociendo delitos contra los bienes públicos no lo denuncien.

De acuerdo con el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el proyecto procura “más instrumentos para que el Estado pueda derrotar la corrupción tanto en el ámbito público como en el privado y que las penas sean plenamente disuasivas”. 

“Por ejemplo, concusiones y cohechos de más de 100 salarios mínimos deben ser objeto de una sanción mucho más contundente y aquí se están doblando esas penas y se les están dando facultades a la Fiscalía para tener unos instrumentos que hoy no tiene en la lucha contra la corrupción”, anotó. 

Política criminal actualizada

Martínez dijo que “realmente es una muy buena decisión la que ha tomado la Comisión Primera, porque pone la política criminal del Estado acorde con nuestra realidad”.

El Fiscal General señaló; “Hemos avanzado mucho contra la corrupción, 2.000 personas judicializadas, evidencia de más de $4 billones en contratos afectados por corrupción”.    

Por su parte, el representante Edward Rodríguez, ponente de la iniciativa, dijo que “esta es una propuesta que realmente combate la corrupción, castiga con cárcel a quienes se roban el patrimonio público, aumenta las penas para aquellos que se roban la plata de la salud y de la alimentación de nuestros niños”. 

“Además permite que se les quite hasta el último peso a los corruptos, a través de la extinción express. Es una herramienta eficaz y va a llevar a la cárcel a quienes se roban la plata de los colombianos”, anotó Rodríguez.

Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, alertó sobre los artículos de la propuesta que, a su juicio, otorgan un régimen de policía administrativa a entidades estatales y a diversas superintendencias, con el fin de que se revisen a profundidad durante los próximos debates.

El representante Óscar Fernando Bravo, aunque respaldó el proyecto, indagó al Fiscal General sobre en dónde se van a internar a todos los corruptos que se van a detener con las nuevas normas.