Más de 50 organizaciones, víctimas, familiares y personas privadas de la libertad participaron en la audiencia "Garantías y Derechos Humanos de las personas judicializadas en el marco de la protesta social", donde se denunciaron montajes judiciales y se exigió justicia por los excesos cometidos durante el estallido social de 2019-2021.

Bogotá, 5 de junio de 2025 (Prensa Cámara). El Salón Elíptico de la Cámara de Representantes se convirtió este 22 de mayo en epicentro de denuncia y búsqueda de justicia, cuando la Comisión de Protesta Social realizó una audiencia pública que puso en evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante las manifestaciones sociales en Colombia.

Durante cinco horas consecutivas, víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y personas privadas de la libertad relataron ante los congresistas las injusticias vividas en el marco del estallido social de 2019-2021. La jornada, liderada por los representantes Alirio Uribe, Jahel Quiroga y Eduard Sarmiento, entre otros, evidenció el uso abusivo del derecho penal contra manifestantes.

Uno de los momentos más conmovedores fue la participación virtual de personas privadas de la libertad desde establecimientos penitenciarios como La Picota, Cómbita, Barranquilla y Palmira, quienes narraron sus casos y las condiciones inhumanas en las que se encuentran.

La audiencia también contó con la participación de familiares de víctimas asesinadas por la fuerza pública, como los padres de Sebastián Quintero, Michel Andrés Aranda, Joan Nicolás García y el tío de Dilan Cruz, quienes exigieron justicia por estos crímenes que permanecen en la impunidad.

Organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Nomadesc, y más de 30 organizaciones agrupadas en la iniciativa "La Justicia es la Verdad" presentaron evidencias documentales sobre montajes judiciales y propusieron la creación de una Comisión de la Verdad sobre la represión estatal.

El evento sirvió además para impulsar el proyecto de ley de amnistía e indulto que actualmente cursa en el Congreso, como mecanismo de reparación para las víctimas de la judicialización injusta. La audiencia marca un precedente histórico en la defensa de los derechos humanos y el derecho fundamental a la protesta pacífica en Colombia.

Fuente: Luis Carlos Díaz Mesa, periodista Oficina de Prensa, Cámara de Representantes