La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes adelantó control político a diferentes instancias del gobierno nacional, para analizar la nueva espiral de violencia en Colombia, que según algunos congresistas develan nuevas formas de delitos, como la tecnología utilizada como arma de ataque, además del fortalecimiento de grupos tradicionales y el surgimiento de otros.

Bogotá, 7 de septiembre de 2025 (Prensa Cámara). Así lo reveló la Representante, Carolina Giraldo quien añadió que el accionar de los grupos delictivos se ha afianzado gracias a la expansión de las economías ilícitas como la coca, además del mal uso de la tecnología, por ejemplo, al utilizar drones con explosivos, aunado a que Colombia se ha posicionado en el cuarto lugar de la región con más ciberataques.

Al denunciar el crecimiento del homicidio en Risaralda en un 117%, cuestionó que los líderes sociales no cuenten con protección, pero en cambio, los gestores de paz sí tienen protección estatal, cuando aún se desconoce la labor que en favor de la paz han realizado.

A esto se sumó, la representante por Santander, Érika Sánchez, quien aseguró que en ciudades como Barrancabermeja hay un asesinato cada 39 horas. Los congresistas Fernando Niño de Bolívar y Elizabeth Jay Pang de San Andrés, mostraron su preocupación ante la escalada de los homicidios en sus departamentos. “Necesitamos un plan de desarme en la isla”; aseguró la representante Jay Pang.

Al entregar cifras de la capital del país, la congresista Carolina Arbeláez, aseguró que Bogotá es la ciudad que menos presencia de efectivos tiene por cada 100 mil habitantes; al tiempo que denunció que la extorsión está creciendo y que no se explica cómo los gestores de paz que tienen hasta más de 800 procesos pendientes son designados para tal fin.

Ante estas problemáticas, el representante, Jhon Jairo Berrío, aseguró que “Mientras tanto el presidente no observa lo que está pasando en su país y se va como salvador del mundo, diciendo que va a mandar jóvenes como soldados para Gaza”.

A su turno, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, uno de los citados, aseguró que la seguridad no es solo un tema de armas, sino de inversión social. 

Habló del incremento de delitos como el sicariato, pero señaló que este año en el 33% de los municipios de Colombia no ha ocurrido un homicidio en este periodo.

Si bien señaló el secuestro a civiles ha aumentado un 45%, en el 92% de los municipios del país no se ha presentado este delito. Al respecto resaltó la creación de siete Gaulas militares y cinco de la policía.

Respecto a uno de los temas más sensibles como son los cultivos ilícitos, aseguró que en 2024 crecieron en un 3% pero aumentó la incautación en un 19%. Y señaló que, en departamentos como Chocó, si bien hubo incremento de cultivos, la tasa de homicidios se mantuvo estable.

Concluyó que las tropas no están desmoralizadas y que siguen trabajando con ahínco, al tiempo que pidió al Congreso de la República crear leyes para defenderse de las asonadas contra la fuerza pública.

A su turno, el directo del INPEC, el Teniente Coronel Daniel Gutiérrez, puso sobre la mesa la problemática de las cárceles. Señaló que es necesario reconocer que los centros carcelarios, son muy antiguos. Hoy se tienen111 cárceles con más de medio siglo de creadas, lo cual afecta la seguridad, la alimentación y la salud de los internos, esta última una de las preocupaciones planteadas por la representante Érika Sánchez.

Al hacer un recuento sobre el surgimiento de la violencia en el país, el Comisionado para la Paz, Otty Patiño, hizo un llamado a utilizar correctamente la gramática al hablar de violencia y de los grupos que se encuentran en conflicto. Señaló que es necesario dar pasos para la transición de los violentos hacia la paz, además de recalcar que en este momento no existe cese al fuego bilateral vigente con los grupos con los que existe diálogo.

Fuente: Helen García- Periodista Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes