Luego de los trámites correspondientes y varios debates fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes, con algunas modificaciones a como fue radicado, el proyecto de ley conocido como “Paz total”, que define la política de paz de Estado.

El 30 de agosto el Ministro de Defensa y el del Interior, Alfonso Prada e Iván Velásquez junto a varios congresistas de diferentes partidos, radicaron el Proyecto de Ley No. 160 de 2022 Cámara - 181 de 2022 Senado “Por medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, se define la política de paz de Estado, y se dictan otras disposiciones”.

Los principales elementos del proyecto son: la definición de seguridad humana y de Paz Total; la posibilidad de establecer nuevos diálogos de paz con organizaciones armadas y el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales de alto impacto; la creación del Servicio Social para la Paz como alternativa al Servicio Militar Obligatorio (que no fué aprobado en el Senado); el esclarecimiento sobre la forma en la que se recauda el tributo para seguridad y la convivencia ciudadana en departamentos y municipios, y la creación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas.

El proyecto plantea que la seguridad humana debe garantizar las libertades y el desarrollo integral de las y los ciudadanos mediante la ejecución de políticas sociales, económicas, ambientales, culturales y militares.

La Paz Total deberá ser una política de Estado acompañada por el congreso, el ejecutivo y del poder judicial de tal modo que su ejecución sea integral. El proceso de Paz Total se desarrollará con dos tipos de grupos armados: aquellos a quienes el Estado reconozca un carácter político, con quienes se establecerán políticas de diálogo para posibles acuerdos de paz, y aquellas Organizaciones Armadas de Alto Impacto con quienes se establecerán políticas de sometimiento a la justicia.

Mecanismos para la Paz Total

En el capítulo II del proyecto, se expresa que los planes de desarrollo regionales y locales deberán incluir políticas sociales orientadas a fortalecer y cumplir los acuerdos de paz de modo que se logre un desarrollo social más equitativo, especialmente en aquellos lugares más golpeados por el conflicto y en los que la presencia del estado ha sido deficiente.

Otro de los mecanismos importantes es la designación de los representantes del gobierno, quienes podrán realizar acercamientos y conversaciones con grupos armados ilegales. Igualmente, estos grupos designarán un representante que podrá ser un integrante o un vocero (persona de la sociedad civil no perteneciente al grupo ilegal, pero autorizada por este) que servirá de interlocutor ante el gobierno. Una vez iniciados los diálogos y en estados avanzados del proceso, las autoridades judiciales suspenderán las órdenes de captura, incluidas las de extradición, de las y los representantes o voceros y voceras de los grupos armados.

El proyecto plantea la creación del Gabinete de Paz, el cual obliga a que cada uno de los ministerios implemente políticas públicas orientadas a la consecución o consolidación de los diálogos y acuerdos de la paz. Bimestralmente o cuando el presidente lo indique, los ministerios se reunirán como Gabinete de Paz. Además, se crean las Regiones de Paz, las cuales serán constituidas teniendo en cuenta las zonas que tienen un plan de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Estas regiones contarán con un comisionado de paz regional, quien deberá articular la participación de las comunidades mediante los “consejos de paz, comités de justicia transicional, mesas de víctimas”.

Servicio Social para la Paz y Programa Voluntario de Entregas de Armas.

Se creará el Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar obligatorio, el cual tendrá una duración de 12 meses. Quienes opten por el Servicio Social para la Paz podrán, entre otras opciones, realizar un servicio que proteja la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas etc., o un servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, entre otras.

Finalmente, en el capítulo IV, se reglamenta y legitima el modo en que los departamentos y municipios recaudan el impuesto de seguridad y convivencia ciudadana (art.12). Hoy, este impuesto es recaudado por algunos departamentos mediante un anexo a los servicios públicos domiciliarios, y algunos municipios lo hacen a través de una sobretasa al impuesto predial. Igualmente, en este capítulo, se crea el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas (art.14), el cual facilita que las personas naturales o jurídicas puedan entregar armas de fuego de manera anónima y con algunos beneficios sobre responsabilidad penal reglamentados en los artículos 365 y 366 del Código Penal.

El proyecto, aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes, pasará a conciliación con el Senado.

Redacción: Luis Gerardo Gómez Navia, Oficina de Información y Prensa