Dignificar el empleo público y la remuneración del contratista persona natural a través de un incremento anual y proporcional del valor del contrato de prestación de servicios profesionales conforme a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE reajustado anualmente, que le permita acceder a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, y en consecuencia garantice el derecho a una vida digna.