El presente proyecto de ley tiene como objeto principal reformar el artículo 122 de la Ley 30, que regula los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden exigir las instituciones de educación superior, definiendo un criterio claro y exacto que le permita al Estado ejercer la suprema inspección y vigilancia de esas entidades con mayor rigor, controlando posibles excesos y facilitando así a la población el acceso a la educación superior.