. La presente ley tiene como objeto desarrollar el principio de buena fe contractual, mediante la adopción de una serie de medidas que protejan a las personas naturales y jurídicas que provean o suministren bienes y servicios al Estado y/o a los particulares, y que por tal hecho sean sometidas a condiciones contractuales gravosas en relación con el pago y el plazo para hacer efectivo el mismo.