La presente ley tiene por objeto fijar los lineamientos para la configuración de un sistema de cobro del Impuesto Predial Unificado que responda a criterios de equidad, progresividad y eficiencia, en armonía con la autonomía de los entes territoriales y en función de la variación del impuesto frente a los procesos de actualización y reajuste catastral, con el fin de garantizar mayor certeza, estabilidad y coherencia fiscal en el ámbito local.