Vía libre para que la Cámara discuta normatividad contra los grupos terroristas

Este es el proyecto que tramita el gobierno nacional

Bogotá, 17 de octubre de 2026 (Prensa Cámara). El Consejo de Política Criminal le dio vía libre al estatuto antiterrorista que ha anunciado el presidente de la República, Abelardo De La Espriella y que será presentado al Congreso en los próximos días.

El proyecto contempla un registro de organizaciones terroristas, el congelamiento de bienes, nuevas sanciones penales y mayores herramientas para combatir la financiación de grupos criminales.

Según el Gobierno, el proyecto busca golpear tanto a quienes ejecutan acciones violentas como a las estructuras financieras que permiten su funcionamiento, incluidas las que obtienen recursos del narcotráfico y la minería ilegal.

El representante del Centro Democrático por Antioquia, Juan David Zuluaga, mostró su complacencia por esta iniciativa porque es importante  "establecer un mecanismo para identificar y clasificar organizaciones y actores señalados de participar en actividades terroristas y establecer medidas que permitan el congelamiento de bienes vinculados a estas estructuras, además de limitar su contratación con entidades estatales, son mecánicos qué necesita el país para frenar la expansión de los grupos ilegales en Colombia".

El proyecto crea nuevos delitos y sanciones, endureciendo las consecuencias penales por determinadas conductas, entre ellas los ataques con drones y las agresiones contra la Fuerza Pública.

La iniciativa contempla la reducción de penas para quienes suministren información efectiva antes de la acusación. Para el representante de Cambio Radical por el Departamento del Huila, Julio César Triana, el proyecto era necesario, "crear mecanismos especializados para coordinar la lucha contra el terrorismo y sus fuentes de financiación, era algo que estaba en mora de realizarse".

Sin embargo, la iniciativa abre el debate jurídico pues ha generado cuestionamientos sobre las facultades que podría otorgar al Ejecutivo y sobre los procedimientos para incluir personas u organizaciones en los registros previstos. Así lo aseguró el representante del Pacto Histórico por Santander, Camilo Torres, quien dijo: "Existen asuntos que requieren especial atención como las garantías judiciales, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la protección de las libertades de expresión y protesta pacífica. El desafío jurídico consiste en determinar cómo se aplicarían las nuevas herramientas sin afectar derechos fundamentales ni criminalizar conductas legítimas".

Una vez radicado, el proyecto empezaría su tránsito legislativo por la Comisión Primera de la Cámara.

Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara- Periodista Wilson Moreno