La iniciativa que propone endurecer las medidas para adolescentes de 14 a 17 años que cometan delitos graves, con penas de hasta 15 años de privación de la libertad, pero establece una excepción para quienes hayan sido víctimas de reclutamiento o instrumentalización criminal.

Bogotá 7 de octubre de 2026. La Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes avanza en el estudio de la del Proyecto de Ley 029 de 2026 Cámara, que reforma el Código de Infancia y Adolescencia para menores entre los 14 y 17 años que cometan delitos graves, la cual se le ha denominado en diferentes sectores como Ley Miguel Uribe Turbay, congresista asesinado el año pasado por un menor que atentó contra su vida.

Este proyecto, que es de autoría del representante Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo (Centro Democrático, Valle del Cauca), ya tuvo una discusión previa en la audiencia pública en la que se escuchó a congresistas y diversos sectores.

La iniciativa fija sanciones privativas de la libertad de cinco a quince años para adolescentes de 14 a 17 años que cometan delitos graves, reduce de seis a cinco años el umbral de sanción para que proceda esa privación y limita la sustitución de la medida y la redención de tiempo. Además, dispone que no se aplicará la privación de la libertad cuando se acredite que el adolescente fue víctima de reclutamiento o de instrumentalización criminal.

El autor explicó que el propósito es quitar a las bandas criminales el incentivo para reclutar menores, y se comprometió a tener en cuenta todas las posturas en la ponencia. El representante Daniel Felipe Briceño Montes (Centro Democrático, Bogotá) respaldó la iniciativa, mientras que los representantes Daniel Mauricio Monroy Hernández y Laura Daniela Beltrán Palomares (Pacto Histórico, Bogotá) plantearon dudas sobre su constitucionalidad y proporcionalidad. La representante Eimy Julieth Suárez González (Cambio Radical, Norte de Santander) propuso precisar la técnica legislativa.

A su turno la Policía Nacional revisó las 25 conductas del proyecto y señaló seis artículos con observaciones, por modalidades cuya pena es inferior a cinco años. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pidió preservar la finalidad pedagógica, dimensionar el impacto institucional y asegurar una financiación gradual. La Defensoría del Pueblo recomendó centrar la política criminal en los adultos que reclutan y conservar la revisión de la sanción.

Abogados, estudiantes y ciudadanos respaldaron endurecer las sanciones; la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado, entre otras organizaciones, advirtieron sobre la proporcionalidad de las penas, la carga de la prueba en casos de instrumentalización y los estándares internacionales.

Igualmente se pidió que antes del primer debate, se alleguen los conceptos pendientes, entre ellos el del Consejo Superior de Política Criminal y el análisis del impacto fiscal. La audiencia será transcrita y publicada en la Gaceta del Congreso, y sus aportes servirán de insumo para la ponencia.

Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara- Periodista Luis Carlos Díaz