La presente Ley busca fortalecer las facultades sancionatorias a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, previendo unas sanciones máximas en UVT’s aplicables a personas naturales y jurídicas, así como fijando unos criterios de graduación de dichas sanciones. Asimismo, busca actualizar algunas definiciones, reformar las medidas preventivas de las que dispone esta Superintendencia para evitar una toma de posesión, y reformar la base gravable de las contribuciones de la Superservicios y las Comisiones de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y de Energía y Gas e incorporación del análisis costo beneficio para su cobro. Lo anterior, con el fin de apoyar a la Superintendencia en su deber de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios públicos domiciliarios y así propiciar la mejora de las condiciones de prestación del servicio para los usuarios.