La presente ley tiene por objeto expedir el régimen de protección del contribuyente del impuesto predial unificado. Para ello establece reglas sobre la determinación de la base gravable del impuesto y su gradualidad tras los procesos catastrales, fija los rangos tarifarios y los criterios obligatorios de progresividad, establece límites al incremento anual del impuesto y de los tributos y sobretasas liquidados sobre el avalúo catastral, consagra garantías sustanciales y procedimentales del contribuyente y asigna deberes institucionales a los gestores catastrales, a las entidades territoriales y a las autoridades nacionales, en desarrollo de los artículos 95 numeral 9, 287, 317, 338 y 363 de la Constitución Política.