La presente ley tiene por objeto unificar, actualizar y elevar a rango legal los criterios para el reconocimiento, asignación y pago de la Prima de Orden Público para el personal uniformado de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y el personal civil no uniformado del Sector Defensa, garantizando la equidad institucional y la correspondencia directa con el riesgo operacional.