La medida contempla otro tipo de sanciones que incluyen impedimentos para contratar con el estado.

Bogotá, 27 de enero de 2026 (Prensa Cámara). La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, impulsará una ley que castigue severamente a los deudores alimentarios morosos, es decir, personas que, por orden judicial, tengan que realizar aportes para el sostenimiento de quienes están a su cargo, principalmente sus hijos, padres o cónyuges, impidiendo que ingresen a eventos masivos (como conciertos) y deportivos (como partidos de futbol).

Este proyecto contempla que los organizadores, empresas y plataformas consulten periódicamente el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM y actualizar sus sistemas para evitar que personas inscritas en el registro puedan adquirir entradas o ingresar a este tipo de espectáculos,”no podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, señala la representante.

La propuesta busca generar un cambio de conducta en los deudores morosos, incentivando el cumplimiento de sus obligaciones. Además de reforzar el mensaje de que los derechos de los niños y adolescentes deben prevalecer, sentando un precedente sobre la responsabilidad parental. “Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos”, añade. Medidas como esta se han implementado en ciudades de Argentina, al igual que en México y Perú.

Otra de las sanciones que tendrían las personas incluidas en el REDAM son:

• Restricciones administrativas y sociales para el acceso a cargos públicos, adjudicación de viviendas de interés social, acceso a programas estatales y contratación con el Estado.

• Mecanismos de reporte financiero, obligando al MinTIC a remitir la información del REDAM a centrales de riesgo para que se refleje en el historial crediticio.

• Control disciplinario sobre los funcionarios que omitan exigir la certificación negativa del REDAM.

• Articulación interinstitucional, obligando a entidades como el ICBF, Procuraduría, Registraduría y Superintendencias a cooperar en la actualización del registro.

• Campañas pedagógicas, dirigidas a transformar la cultura social respecto al cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Según cifras de la fiscalía general de la Nación, habría 130.997 denuncias o noticias criminales radicadas por el delito de inasistencia alimentaria en todo el país perjudicando a miles de niños, niñas y adolescentes por el incumplimiento de la cuota alimentaria en el país.

Miles de acreedores alimentarios enfrentan la imposibilidad de satisfacer necesidades básicas en educación, salud, vivienda y alimentación, debido a la renuencia de los obligados a cumplir con sus deberes. Esta situación no solo refleja una deuda económica, sino una deuda moral y social que profundiza la desigualdad y perpetúa ciclos de pobreza y vulnerabilidad.

El hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder libremente a beneficios estatales, ejercer cargos públicos de responsabilidad, celebrar contratos con el Estado o destinar recursos a actividades recreativas y de entretenimiento

masivo, mientras incumplen con sus hijos, resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política.

Fuente: Oficina de comunicaciones representante Jennifer Pedraza