El Representante David Racero, de la bancada del Pacto Histórico, presentó proyecto de ley que evitaría que los funcionarios investigados por corrupción queden libres por vencimiento de términos; los delitos contra la administración pública en el Código Penal no prescribirán. Este proyecto evitaría que las redes de corrupción que azotan al país, dilaten los procesos judiciales para lograr la impunidad por vencimiento de términos.

Al respecto, el Representante David Racero manifestó “Con este proyecto los corruptos no quedarán libres por vencimiento de términos. Tendrán que pagar cárcel. No seguiremos tolerando que sus delitos queden en la impunidad y que los recursos se pierdan”.

El Proyecto incluye el siguiente apartado al artículo 83 de la Ley 599 de 2000:

“Cuanto se trate de delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos, particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y por quienes obren como agentes retenedores o recaudadores, la acción penal será imprescriptible”.

En Colombia, año tras año, la corrupción en lugar de decrecer, aumenta. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, Colombia ocupa la posición 92 entre 180 países evaluados, donde 0 significa corrupción muy elevada y 100, ausencia de corrupción. Asimismo, en este último informe se indicó que Colombia “no logra una variación significativa en la calificación, que entre 2012 y 2020 ha estado entre los 36 y los 39 puntos”[1]. En el mismo informe se indicó que en la región, Colombia solo está por encima de Brasil y Perú en indicadores de corrupción y que “Entre los países que hacen parte de la OCDE, Colombia ocupa el penúltimo puesto entre 37 países, superando únicamente a México”.

Sobre estos resultados, el Director de Transparencia por Colombia manifestó que “Estamos cerca de cumplir una década en ese estancamiento. Avanzar en esta calificación dependerá de cómo el país aborde retos históricos que facilitan la corrupción, pero también de nuestra capacidad para proteger los recursos públicos en coyunturas tan difíciles como la pandemia”[2]. Este proyecto de Ley permitiría avanzar en el propósito de disminuir el flagelo de la corrupción.

Se adjunta articulado del Proyecto