Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes.

Tras las diferentes medidas tomadas recientemente por el Gobierno Nacional en relación a la comunidad de motociclistas en el país, la Cámara de Representantes realizó una audiencia pública con el fin de escuchar a los ‘moteros’ y buscar soluciones.

 
A la medida que prohíbe a los motociclistas transitar con parrillero, se suman las más de 85 restricciones que se han implementado en diferentes municipios del país y el reajuste del SOAT para este año 2018 que incrementa el valor de este seguro en un 10 por ciento.  

Frente a esta situación los motociclistas, por medio de diferentes movilizaciones y protestas, han evidenciado su inconformismo frente a estas normatividades.

Carlos Eduardo Guevara, representante por Bogotá, afirmó que “los motociclistas del país están castigados con unos SOAT que inclusive llegan a costar más que el SOAT de un vehículo particular… 400 mil, 500 mil y 600 mil pesos, eso es algo que no cabe en la cabeza y sobre todo una realidad económica que nuestros motociclistas no tienen”.

No obstante, el gremio de aseguradoras afirmó que las tarifas son estipuladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y que dichos valores se determinan de acuerdo con criterios técnicos que abarcan los índices de accidentalidad y la severidad de los accidentes.

Aun cuando el precio de una motocicleta puede estar desde 1 millón de pesos, el costo del SOAT más los accesorios de seguridad pueden llegar a igualar o superar el valor del vehículo.

Con respecto a lo anterior, Guevara manifestó que “muchos de nuestros motociclistas son de los estratos más bajos del país: estrato 1, 2 y 3 que son condiciones que los llevaron a comprar una moto en virtud de los altos costos del transporte, hablando de Bogotá, motos que en su gran medida son para trabajar. La gran mayoría de nuestra gente trabaja como mensajeros, algunos en actividades profesionales como enfermeros”.

Durante la audiencia pública los motociclistas sostuvieron su preocupación por la falta de educación en seguridad vial para todos los actores de la movilidad, así como la estigmatización del motero como delincuente, adicional manifestaron su interés de ser escuchados por el Congreso para que se tomen medidas en cuanto a políticas nacionales que estén enfocadas en atender sus necesidades.