La presente ley busca promover incentivos para la formalización de la Minería Ilegal; motivando a quienes la practican a generar iniciativas de asociación y de esta manera crear entidades de economía solidaria con estructuras administrativas adecuadas; generando desde el gobierno, por medio de los entes nacionales y locales que encabezan la protección de los recursos naturales, la formación y capacitación necesaria en todos los procesos de: permisos, licenciamiento y aprovechamiento adecuado de los recursos para la comunidades donde tiene presencia específica este problema. Teniendo como principal objetivo reducir significativamente las condiciones que fomentan la violencia y la ilegalidad.