La presente ley tiene por objeto establecer medidas de simplificación administrativa, racionalización, digitalización e interoperabilidad de trámites y procedimientos administrativos, orientadas a reducir cargas administrativas innecesarias o desproporcionadas, disminuir tiempos y costos de cumplimiento, fortalecer la seguridad jurídica y facilitar la relación de las personas y las empresas con el Estado, en armonía con los principios de buena fe, celeridad, economía y eficiencia administrativa, la libre competencia y la competitividad empresarial.