• Como parte de la Comisión accidental sobre garantías para la protesta de la Cámara, la Representante se reunió con jóvenes y defensores en el centro penitenciario La Paz de Itagüí.

• El propósito del espacio fue verificar la situación de DDHH de las personas privadas de la libertad en el marco de la protesta social y hace parte de una serie de visitas que realizan congresistas de la Comisión para la realización de un diagnóstico general.

Este jueves 22 de septiembre se dio inicio a las visitas humanitarias a cárceles en el departamento de Antioquia a cargo de una comisión de verificación de derechos humanos de personas capturadas en el marco de la protesta. La primera visita en el departamento fue al centro penitenciario “La Paz” en Itagüí’ y contó con la participación de congresistas, defensores y organizaciones de derechos humanos y familiares de los detenidos.

La Representante por el Departamento de Antioquia, Susana Boreal, fue una de las congresistas que gestionó y acompañó esta visita a jóvenes que se movilizaron durante el paro nacional con el fin de conocer las condiciones en las que se encuentran al estar privados de la libertad, escucharlos y establecer cuál es su situación jurídica.

Los jóvenes privados de la libertad le contaron a las congresistas y organizaciones de DDHH que en efecto han sufrido afectaciones a sus derechos, han enfrentado condiciones de precariedad inimaginables y experimentan constante miedo sobre lo que pasará con su futuro laboral, académico, familiar y emocional.

Al respecto la representante Susana Boreal manifestó: “Es necesario revisar esta situación y entender que protestar no es un delito, que estos jóvenes han sido violentado antes y después de la protesta por un Estado que les ha fallado, y hay que consolidar rutas que permitan la realización de sus derechos y toda la población carcelaria”.

El 28 de abril de 2021 se desató en el país lo que se conoce como “estallido social” en el que se registraron alrededor de 12.478 protestas. Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas han denunciado que el Estado optó por criminalizar y reprimir violentamente la protesta social pacífica. Muestra de ello son los 4.687 casos de violencia estatal que las organizaciones de DDHH reportaron y que fueron tenidos por la CIDH en el informe de su visita.

Debido a los numerosos casos de capturas, el nuevo Congreso instaló la comisión accidental para la verificación de garantías y derechos humanos de personas detenidas durante el estallido. La principal función de dicha comisión es la de garantizar los derechos, así como estudiar la situación y conseguir la liberación de quienes fueron detenidos. Para esto, la Comisión Accidental y particularmente la bancada del Pacto Histórico, se encuentran realizando una serie de visitas humanitarias por diferentes centros penitenciarios del país.

Fuente: Oficina de la Representante Susana Boreal