La presente ley tiene por objeto establecer el régimen general de honorarios de los conjueces llamados a integrar temporalmente órganos jurisdiccionales, garantizando criterios objetivos de fijación, límites y procedimientos de reconocimiento y pago. Se aplica a conjueces de Altas Cortes, tribunales y juzgados, así como a colegiados con función jurisdiccional previstos en la ley. Quedan excluidos árbitros convencionales y auxiliares de la justicia con régimen propio.