La presente iniciativa pretende elevar a rango legal: i) la necesidad de formar no solo en derechos sino también en deberes; ii) impartir de manera obligatoria, con criterios de objetividad y de manera gradual al nivel de formación, clases de urbanidad, civismo, transparencia y moralidad pública; y iii) facultar al Estado para sancionar a las instituciones educativas que incumplan con tal deber.