El proyecto aumenta las penas para quienes usen niños como herramienta del crimen y crea el Sistema Nacional ‘PROTEGE’, una ruta para detectar y prevenir el reclutamiento.

El representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto, radicó un proyecto de ley para prevenir, identificar y atender tempranamente la instrumentalización de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras criminales en Colombia.

El proyecto crea el Sistema Nacional PROTEGE, una red interinstitucional entre el ICBF, Fiscalía, Policía, Ministerio de Educación, colegios y comisarías de familia, que recibirá reportes de riesgo, activará rutas de protección y hará seguimiento a cada caso, con un Enlace de Seguridad Escolar permanente en cada colegio oficial y un mecanismo de reporte confidencial.

En materia penal, la iniciativa eleva la pena de instrumentalización de menores de 13 a 23 años de prisión, más una multa de 800 a 1.500 salarios mínimos, agravando la pena hasta la mitad cuando la víctima es menor de 14 años, cuando el instrumentalizador es familiar suyo o cuando fue usada para homicidio, secuestro, terrorismo o narcotráfico, entre otros delitos graves.

“Vamos a fortalecer las sanciones y las penas para quienes usen a nuestros niños para delinquir. La gente tiene que entender que usar a un menor de edad se va a pagar con cárcel, y eliminaremos los beneficios para quienes cometan delitos contra niños, niñas y adolescentes”, aseguró el representante Miguel Ángel Pinto.

La iniciativa responde a una tendencia documentada en el país por entidades como la Defensoría del Pueblo y el ICBF: entre 2022 y 2025 la extorsión aumentó 37% (de 9.791 a 13.417 casos anuales) y el secuestro se disparó 214% (de 223 a 701 casos).

A esto se suma otra cifra, sólo en 2024 ingresaron 6.265 adolescentes al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 5.211 en 2025, mientras que en lo corrido de 2026 ya son 907 los menores judicializados.

Fuente: Oficina de Comunicaciones representante Miguel Ángel Pinto