El presente proyecto de ley, que persigue un objetivo integral: fortalecer las garantías de los usuarios de servicios públicos domiciliarios frente a la suspensión, la facturación, los cobros y la reposición de equipos de medida; depurar el concepto de costo eficiente del régimen tarifario para impedir que las ineficiencias y los abusos se trasladen a la factura; dotar de instrumentos preventivos y disuasivos a la inspección, vigilancia y control; y crear una arquitectura institucional descentralizada para la defensa del usuario. Todo ello mediante la modificación y adición de la Ley 142 de 1994.