Fuente: Oficina de Información y Prensa. 

Bogotá, D.C., mayor 2018. “Los niños menores de tres años viven el mismo régimen carcelario de sus madres”. “En la mayoría de centros de reclusión se viola el derecho a la visita íntima de las mujeres”. “En las cárceles de mujeres no hay ginecólogos, ni pediatras”. “El INPEC no puede garantizar los derechos de las internas”. “El sistema penitenciario es una locura”. “Cómo puede haber resocialización si a los presos y a sus familiares les violan los derechos”.

Esas son algunas de las frases que dibujan la realidad del sistema carcelario y que se pronunciaron durante la audiencia pública sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de la libertad, que el representante Alirio Uribe realizó en la Comisión Segunda de la Cámara.

De viva voz y con relatos crudos, reales, descarnados y que traspasan los límites de la inhumanidad, varias mujeres que estuvieron privadas de la libertad o aún lo están narraron sus vivencias de vida.

Contaron cómo las guardias del INPEC controlan conforme a su temperamento del día las visitas íntimas. Se refirieron a las violaciones continuas de que son objeto. “El INPEC es un antro de corrupción. Los niños que tienen que compartir la reclusión con nosotras son humillados. En las cárceles no hay educación sexual”, manifestaron.

Varias reclusas de la cárcel La Picaleña, cerca a Ibagué, Tolima, narraron del sufrimiento diario que tienen que padecer por la falta de agua para los baños, la casi nula atención médica, sin contar la mala alimentación y la escasa entrega de los kits de aseo, que solo se reparte tres veces al año: en abril, agosto y diciembre.

El director de Custodia y Vigilancia del INPEC, coronel Hugo Javier Velásquez, reconoció que “esa institución no puede garantizar los derechos a las internas por las deficientes condiciones de los centros carcelarios. Administramos 135 cárceles en el país, y de ellas 120 tienen entre 60 y 400 años. Solo 15 son de última generación”.

Señaló que en la actualidad hay 116.986 presos en los centros que maneja el INPEC, de ese número 7.818 son mujeres. A esa cifra se les suma 5.367 presos que están en las Uri.

Precisó que al INPEC se le asigna de presupuesto un billón de pesos al año, que se invierte en funcionamiento, nómina e infraestructura, entre otros rubros. Cada detenido le cuesta al Estado cerca de 1,6 millones de pesos. “Para poder cumplir a cabalidad con nuestra funciones requeriríamos de cerca de otro billón de pesos”, indicó.

Tras la narración de las vivencias de vida de las reclusas y la radiografía del INPEC expuesta por el coronel Velásquez, el representante Alirio Uribe señaló: “El sistema penitenciario es una locura. Estamos ante un drama social. Las cárceles reflejan fielmente la crisis de la sociedad. Ante lo que nos han narrado tenemos que decir que los derechos sexuales no se pierden con la privación de la libertad. Las detenidas son seres humanos y tienen derechos”.

Durante la audiencia también intervino Daniela Buriticá, de la Fundación Comité de solidaridad con los presos políticos, quien dijo que la primera problemática encontrada en las visitas realizadas a los centros de reclusión está el tema de la planificación, sobre la cual se denuncia la falta de profesionales en ginecología y pediatría dentro del establecimiento, funciones que reemplazan jefes de enfermería, quienes suelen tomar decisiones impositivas en cuanto al método de anticoncepción o frente al diagnóstico de infecciones y su medicación

También habló del caso de los niños menores de tres años que se encuentran acompañando a sus madres en las cárceles. “Actualmente, hay 84 madres gestantes y 61 conviviendo con sus hijos en las cárceles, quienes denuncian no tener los controles prenatales necesarios, llegando a casos extremos como cuando una presa del patio 4 de la cárcel El Buen Pastor que quedó embarazada de gemelos. No se enteró, porque nunca le hicieron una ecografía. Después del parto, fue obligada a elegir a uno de los dos por no haber espacio dentro de la celda para ambos niños, ya que en los establecimientos penitenciarios sólo se puede tener a un hijo por madre”, dijo Buriticá.

También se hicieron presentes durante la audiencia pública funcionarias del Ministerio de Justicia, del ICBF y de la Defensoría del Pueblo, quienes presentaron diagnósticos similares sobre la preocupante e inhumana situación que padecen a diario las mujeres privadas de la libertad.