Esta iniciativa busca garantizar el derecho a la educación en personas que padecen dificultades de aprendizaje como en lectura, escucha, ortografía, habla, razonamiento y matemáticas. De esta manera se establece que los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales, podrán contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para la atención de las personas con Dificultades de Aprendizaje.