La iniciativa propone una medida concreta: que las personas cuya edificación haya sido oficialmente identificada como afectada por el sismo no tengan que asumir de su bolsillo el costo de los trámites y estudios indispensables que el propio Estado les exige para reconstruir legalmente. El proyecto no elimina las licencias urbanísticas, no elimina la evaluación estructural, no elimina los requisitos de sismorresistencia ni tampoco autoriza construcciones en zonas de riesgo no mitigable.