La recusación pide a la Corte Suprema establecer si la Fiscalía tenía información que involucraría al magistrado de la Corte Constitucional Vladímir Fernández, qué hizo con ella y quién decidió compulsar o no compulsar copias.

El escrito exige determinar si Luz Adriana Camargo conoció directamente el material o impartió instrucciones sobre su tratamiento y, de comprobarse una causal legal, apartarla de las actuaciones correspondientes.

Bogotá D. C., 23 de septiembre de 2026 (Prensa Cámara). Los representantes David Cote y Daniel Briceño llevaron ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia una recusación contra la fiscal general Luz Adriana Camargo que pone una pregunta en el centro del escándalo de la UNGRD: si la Fiscalía tenía información que presuntamente involucraba al magistrado Vladímir Fernández, ¿por qué no habría producido las correspondientes actuaciones investigativas o compulsas de copias? El escrito pide establecer qué información existía dentro de la Fiscalía, quién la conoció, qué decisiones fueron adoptadas y si Camargo tuvo alguna intervención personal.

La recusación parte de las revelaciones publicadas el 13 de septiembre por CAMBIO sobre conversaciones extraídas del celular de Sneyder Pinilla relacionadas con hechos del caso UNGRD. El documento advierte expresamente que la publicación no constituye prueba de responsabilidad penal, pero sostiene que obliga a confrontar esas revelaciones con los registros oficiales de la Fiscalía. La solicitud pide respuestas concretas: ¿las conversaciones fueron incorporadas al expediente?, ¿generaron nuevas líneas investigativas?, ¿se ordenaron compulsas de copias?, ¿quién decidió compulsar o no compulsar y la Fiscal General conoció directamente el material?

“Aquí ya no basta preguntar qué decían los chats. Hay que saber qué hizo la Fiscalía cuando tuvo acceso a esa información. Si había elementos que podían comprometer a un alto funcionario y no fueron tramitados, Colombia merece saber quién tomó esa decisión y por qué. Que aparezcan los informes, las órdenes, las fechas y los responsables: que hable la trazabilidad”, afirmó Cote. Para establecerlo, la recusación solicita informes de extracción forense, policía judicial, registros de acceso, actas, comunicaciones internas, decisiones sobre compulsas de copias e instrucciones relacionadas con el manejo de los elementos probatorios.

La decisión queda ahora en manos de la Sala Plena de la Corte Suprema, que deberá determinar si existe alguna de las causales legales invocadas y, de acreditarse, si Camargo debe ser apartada de actuaciones concretas del caso UNGRD. “Si no hubo ocultamiento, la trazabilidad debe demostrarlo. Pero si la evidencia existía y alguien decidió no tramitarla, el país tiene derecho a saber quién y por qué. Un caso de esta magnitud no puede tener pruebas sin ruta ni preguntas sin respuesta”, concluyó Cote.

Oficina de Prensa Representante David Cote Rodríguez
Centro Democrático por Bogotá