En el año 2016, la Corte Constitucional, actuando en pro de la riqueza natural y cultural de la nación, reconoció el Río Atrato como sujeto de derechos, lo que implica su protección, conservación, mantenimiento y restauración debido a que, “el agua es necesaria para producir alimentos (derecho a la alimentación); para asegurar la higiene ambiental (derecho a la salud); para procurarse la vida (derecho al trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (derecho a participar en la vida cultural)”.

Desde esta perspectiva, la defensa del medio ambiente no sólo constituye un objetivo primordial dentro de la estructura de nuestro Estado Social de Derecho, sino que integra, de forma esencial, el espíritu que orienta toda la Constitución Política.

De esta forma, es fundamental que el Gobierno Nacional ejerza la tutoría y representación legal de los derechos del río, en conjunto con las comunidades étnicas que habitan en la cuenca del río Atrato, de conformidad con la resolución 64 de 2014, emitida por la Defensoría del Pueblo, para lograr ejecutar medidas de acción que logren evitar daños ambientales irreversibles, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-622 de 2016. Tras cuatro años del fallo, resulta urgente evaluar si el Ejecutivo ha cumplido con sus obligaciones.

Aprobada en la sesión del día miércoles 22 de julio de 2020, acta 001

Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de Republica, entidades que han acompañado las órdenes .