La iniciativa busca fortalecer la supervisión y el control de las actividades de inteligencia para que cumplan con estándares de protección a los Derechos Humanos

Bogotá, 19 de septiembre de 2023 (Prensa Cámara de Representantes). Buscando evitar vulneraciones a los Derechos Humanos, se radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley estatutaria que reforma la Ley 1621 de 2013 y otras, con el fin de reforzar y fortalecer el marco jurídico que permita a los organismos de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal bajo estándares internacionales.

De acuerdo al proyecto, dicho marco jurídico se fortalecería a través de una mejora en los mecanismos de supervisión y control de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, principalmente para evitar que las personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, al periodismo y el medio ambiente, estudiantes, sindicalistas y otros grupos defensores sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, las libertades o la democracia.

El proyecto también contempla normas para limitar y controlar el monitoreo del espectro electromagnético, controles judiciales y prohibiciones expresas a la interceptación y uso inconstitucional de comunicaciones de los ciudadanos.

Así mismo, la iniciativa creará el Consejo Nacional de la Comunidad de Inteligencia y Contrainteligencia en la búsqueda de establecer mecanismos de articulación entre las dependencias a cargo de la materia.

El proyecto cuenta con propuestas normativas asociadas a los deberes de reserva de la información y exoneraciones a los servidores públicos que desempeñan estas actividades, insistiendo en el deber de denuncia cuando se presenten violaciones a los derechos humanos.

De igual forma se propone una normativa para controlar la adquisición y el uso de tecnologías para estas actividades. Por último, esta propuesta incluye la ampliación de atribuciones de la Comisión legal del Congreso de inteligencia y contrainteligencia para fortalecer sus capacidades de vigilancia y control sobre las actividades del Estado en la materia.

Esta propuesta, liderada por los representantes Alirio Uribe Muñoz y Carmen Ramírez, y las senadoras Jahel Quiroga y Gloria Flórez, se construyó de la mano de diversas organizaciones sociales, con aportes del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ejército y la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, la Unidad de información y Análisis Financiero, el Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia.

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Fuente: Oficina de Prensa de la Cámara de Representantes.