Fuente: Oficina de Prensa Cámara de Representantes

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes viene discutiendo  un proyecto de ley que establece medidas para garantizar el derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad que sean mayores de edad, a la vez que establece apoyos para ayudar a que esta  población ejerza ese derecho.

Estos apoyos como intérpretes, guías intérpretes, dispositivos tecnológicos, entre otros; buscan favorecer la comunicación y comprensión de la  información por parte de aquellas personas que por sus limitaciones cognitivas, mentales o sensoriales,  no les se les facilita tener información clara, suficiente y permanente para la toma de desiciones cotidianas como abrir una cuenta bancaria, practicarse un examen de laboratorio, participar en una reunión, contestar una encuesta o  casarse.

Pero, ¿Que lograrían estas personas con este proyecto de ley? Según Juan Pablo Salazar, presidente del  Consejo Nacional de Discapacidad,  “con este proyecto de ley se busca que las personas con  discapacidad intelectual  y psicosocial no tengan muerte civil a la hora de estar interdictos, sino que el Estado les de los apoyos para tener todos los derechos. Si no tienen independencia, la convención de derechos de Naciones Unidas no se está cumpliendo”.

¿Pero, que le falta a este proyecto de ley para avanzar satisfactoriamente?  Telésforo Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá, señaló que “falta establecer cómo serían estos apoyos, y ver el grado de discapacidad, pues no se pueden dar los mismos apoyos a todas las personas con discapacidad, además esto implica cambios en el código Civil”.

Esta iniciativa legislativa se propone en el marco del cumplimiento de los compromisos  que  adquirió Colombia al ratificar, en 2009, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con  Discapacidad.