El ministro de Defensa, Diego Molano, acudió este martes a la Cámara de Representantes para dar respuesta por el operativo militar que tuvo lugar en la vereda Alto Remanso en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo, en el cual se reportaron, inicialmente, 11 muertos, presuntamente miembros de las disidencias de las Farc.

Según la representante Katherine Miranda, durante la operación murieron trece civiles, no once como se había dicho inicialmente, asimismo, argumentó que existen inconsistencias entre la lista presentada por el ministro de Defensa y las presentadas por la Fiscalía y Medicina Legal.

“Revisamos quiénes eran las 11 personas, no con información de la comunidad, sino que nos tomamos la tarea de ver antecedentes disciplinarios, judiciales, Contraloría, hasta buscamos en la Lista Clinton y solamente una de las 11 personas tenía antecedentes”, afirmó la representante durante su intervención.

Al recinto asistieron cuatro habitantes de la vereda Alto Remanso, quienes relataron los acontecimientos y los tratos a los que fueron sometidos. Por su parte, Élber Gómez, uno de los asistentes, afirmó que no eran guerrilleros, y que al partido de micro fútbol se había invitado a la comunidad Tres Fronteras no a Comandos de la Frontera.

Según los relatos, el pasado lunes 28 de marzo, la comunidad de Alto Remanso llevaba a cabo el tercer día del bazar con el que esperaban recoger fondos para construir una vía, cuando de repente se habría abierto fuego, entre la conmoción varias personas terminaron heridas y algunas perdieron la vida.

Entre los muertos se encuentran Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del resguardo Bajo Remanso, y Didier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal.

De acuerdo con la versión oficial del Ministerio de Defensa, el operativo estaba dirigido a Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, líder de la disidencia de las Farc Comandos de la Frontera, un grupo conformado por exmiembros de las AUC, exintegrantes de la organización La Constru y disidentes de las Farc, que tiene el control de las rutas de narcotráfico en el Bajo Putumayo y la frontera con Ecuador, sin embargo, Medicina Legal confirmó que el cuerpo del líder de esta organización no se encuentra entre los recibidos tras la acción militar.

La representante María José Pizarro, aseguró que durante el procedimiento se violó el Derecho Internacional Humanitario (DIH) argumentando que no se aplicaron los principios de distinción, de precaución y proporcionalidad en la operación, por lo que se cometieron crímenes de guerra en contra de la población, pues además habrían sido víctimas de “desaparición forzada, tortura y ejecuciones extra judiciales”.  

Por su parte, la representante Juanita Goebertus, presentó un balance sobre la seguridad y el orden público en el departamento, a la vez que habló sobre la implementación de los Acuerdos de Paz en el territorio, asimismo, afirmó que si bien en el departamento hay cultivos ilícitos, no se puede decir los campesinos son narcococaleros, haciendo referencia a un trino del ministro de Defensa.

El representante por el Departamento de Antioquia, León Fredy Muñoz, pidió la renuncia del Ministro, mientras que el representantes David Racero, aseguró que de no avanzar las investigaciones, demandaría al Estado y al ministro ante los tribunales internacionales. Sin embargo, el representante Jorge Gómez, afirmó que si bien la responsabilidad recae en el Ministro de Defensa, el principal responsable es el presidente Iván Duque.

Tras la intervención de los representantes y los partidos, el ministro Molano pudo dar su sustentación sobre el operativo desarrollado por las Fuerzas Militares, inicialmente aseguró que el Gobierno del presidente Duque se ha caracterizado por luchar contra el narcotráfico, ya que es la principal amenazada del país.

De igual forma, aseguró que la Defensoría del Pueblo emitió un alerta temprana que indica que “se tiene conocimiento que “Los Comandos de la Frontera” promueven y financian actividades sociales y recreativas, y ofrecen apoyos económicos para suplir necesidades elementales en las comunidades”.

El ministro dio una línea de tiempo sobre el operativo, el cual habría iniciado el 17 de marzo, ya para el 25 de marzo habría llegado el Ejército al área de interés [Alto Remanso] y “se hacen labores de reconocimiento y observación, se sabía que había un bazar con presencia de la comunidad. El segundo día ven cuatro hombres armados (…) los soldados lo vieron, (…) la información de inteligencia señala que ahí llegaba alias Bruno”.

Molano también argumentó que los militares se identificaron desde el inicio, pese a que haya versiones que aseguran lo contrario, además, las personas que terminaron heridas fueron atendidas de manera oportuna y hoy se encuentran con vida.

Otra de las razones que dio el ministro para justificar la intervención fue que ya se tenía la información y que de no haber actuado hubiese incurrido en omisión, además, presentó cifras que demuestran que en los último 20 años el Ministerio de Defensa ha sido demandado 2.308 veces por no tomar medidas en contra de los grupos armados, y que hay 376 procesos que le han costado al país más de $160 mil millones de pesos.

Fuente: Oficina de Prensa Cámara de Representantes

Comunicado de María Paula Carlos.