La Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias de la Honorable Cámara de Representantes , se permite comunicar a la opinión pública los hechos que ponen en riesgo los Derechos Humanos en los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre, y Zaragoza en el Departamento de Antioquia – Bajo Cauca Antioqueño.

Esta Comisión ha recibido información proveniente de líderes de Derechos Humanos de la zona del Bajo Cauca Antioqueño y del H.R. Jhon Jairo González Agudelo, relacionada con la problemática de orden público y posible violación de Derechos Humanos, que se vienen agudizando en la zona; hechos derivados de más de 10 días de paro minero y que están significando para la población problemas de carácter humanitario que, según cifras dadas por el Ministerio del Interior, muestran que en la zona del Bajo Cauca Antioqueño hay unas 300.000 personas que han sufrido desabastecimiento de alimentos y medicamentos por cuenta de los bloqueos y las restricciones a la movilidad y accesos viales. Las protestas encabezadas por los mineros de la zona pretenden, según información de la Gobernación de Antioquia, que la fuerza pública cese las operaciones contra la extracción de yacimientos, actividad que ha devorado parte de las montañas de esa subregión y contaminado los afluentes que por allí corren, y que la fuerza pública atribuye a actividades de financiación del Clan del Golfo.

La situación de orden público y posible violación de los Derechos Humanos ha puesto en alerta a esta comisión y a sus integrantes, por lo que hace un vehemente llamado al Gobierno Nacional y a los Ministerios del Interior y de Defensa, para que adelanten mesas de diálogo y negociación, bajo los principios legales de construcción conjunta, participativa y concertada entre el Estado y la comunidad para lograr la garantía de los Derechos Humanos a la vida, la salud, al acceso a la educación y con ello:

• Garantizar el derecho a la movilización y protesta pacífica de la población.
• Garantizar la seguridad y el respeto a las misiones médicas y ambulancias que trasladan enfermos y heridos en la zona.
• Garantizar la movilidad de la población y el suministro de alimentos y medicamentos.
• Garantizar la movilidad del personal y vehículos que permiten el funcionamiento de los servicios públicos como agua, electricidad y gas.
• Garantizar la movilidad y el acceso de las niñas y niños a la educación y a los programas de permanencia educativa como el Programa de Alimentación Escolar PAE.

Finalmente, la garantía de la Paz Total en el país debe estar comprendida en los escenarios de diálogo y respeto por la vida y los Derechos Humanos, por lo cual el Estado y en su representación el Gobierno Nacional debe establecer los mecanismos de diálogo participativo en las zonas de conflicto y establecer los planes de acción necesarios para garantía del goce efectivo de los Derechos Humanos y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Fuente: Oficina de Comunicaciones Comisión de DD.HH.