Comisión Primera aprueba en primer debate una iniciativa que mejora la arquitectura institucional para evitar la revictimización.

Bogotá, 4 de junio de 2025 (Prensa Cámara). La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley  285 de 2024 Cámara, “Por medio de la cual se fortalecen las medidas de sensibilización, prevención y la ruta de atención de las violencias contra las mujeres, se evita su revictimización”.

Este proyecto tiene como objetivo principal reformar el marco normativo actual para garantizar una respuesta institucional más sólida, efectiva y humana ante los casos de violencia y discriminación contra las mujeres en Colombia.

“La aprobación de este proyecto significa avanzar en la construcción de un Estado más sensible, más comprometido y responsable con las mujeres. Estamos incluyendo la debida diligencia como principio rector, como un deber obligatorio para los servidores públicos, y estableciendo sanciones disciplinarias para quienes no cumplan con su responsabilidad de atender adecuadamente a las víctimas”, explicó la representante Karyme Cotes Martínez, ponente de la propuesta.

Contempla cuatro ejes fundamentales:

1. Incorporar el principio de debida diligencia en la normativa que regula la atención a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

2. Fortalecer las comisarías de familia con personal de planta y salarios adecuados, además de establecer una Red Nacional de Comisarías que estandarice los protocolos de atención.

3. Crear perfiles idóneos para los cargos de secretarios o jefes de oficinas encargadas de temas de mujeres y género en las entidades territoriales.

4. Establecer sanciones disciplinarias a funcionarios que, actuando en la ruta de atención, incumplan sus deberes, perpetuando así la impunidad y la revictimización.

Por su parte, la representante Piedad Correal Rubiano, quien también apoyó el proyecto, resaltó su importancia para dignificar la labor de los comisarios de familia, proponiendo su reconocimiento con categoría de secretarios de despacho y la vinculación por carrera administrativa del equipo interdisciplinario. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de asegurar sostenibilidad financiera y respetar la autonomía territorial. “Estoy de acuerdo con la reivindicación laboral de los comisarios, pero no podemos trasladar obligaciones a los municipios sin garantizar los recursos necesarios, especialmente en los de categorías quinta y sexta. Propuse que se contemple un aval fiscal y que los recursos vengan desde el Gobierno Nacional”.

El proyecto pasará ahora a discusión en plenaria de la Cámara de Representantes, donde se espera afinar detalles sobre su implementación fiscal y territorial.

Fuente: Luis Carlos Díaz Mesa, Periodista - Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes.