La presente ley tiene por objeto adicionar una circunstancia de agravación punitiva de una tercera (1/3) parte a los delitos contra la Administración Pública contenidos en el Título XV de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), cuando la conducta recaiga sobre bienes, dineros o recursos públicos destinados a la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia.